¿Cómo afronta la UE las prácticas fraudulentas en la cadena agroalimentaria?

30.000 millones de euros, es el valor estimado del perjuicio que se ocasiona a la industria alimentaria como consecuencia del fraude alimentario. Ante la relevancia de este tema y con el objetivo de reducir el impacto del fraude alimentario se han desarrollado diversas actuaciones desde la Unión Europea en los últimos años. En 2014, ya se abordaban estas cuestiones en el documento «Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el papel de la cooperación policial en la lucha contra los delitos alimentarios». Dando continuidad a lo plasmado en 2014 el Consejo ha procedido a revisar los distintos aspectos conectados con el fraude alimentario, comentamos en el artículo algunos de los más relevantes.

El fraude alimentario o las prácticas fraudulentas en la cadena agroalimentaria no sólo dan a lugar cuestiones vinculadas con el mercado y la calidad, sino que también pueden conllevar riesgos para la salud pública. Por tanto, estamos ante una amenaza dual, la seguridad alimentaria y el funcionamiento efectivo del mercado interno en la UE. Un dato que nos permite calibrar la importancia de esta problemática es que estas malas prácticas tienen un coste estimado de 30.000 millones de euros al año para la industria alimentaria en todo el mundo.

Mayor cooperación transfronteriza

Es necesario una mayor cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes, tanto en los Estados miembros como en el ámbito de la UE, aspecto que ligado al caso del fipronil en los huevos (2017) confirma que todavía existe un importante margen de mejora en el aumento de la cooperación en el ámbito de la prevención del fraude en los alimentos. En esta línea es fundamental que la información fluya de forma rápida y efectiva, informes adecuados y una estrecha cooperación y coordinación entre las autoridades de los Estados miembros, así como entre los Estados miembros y la Comisión.

En esta línea de cooperación entre las autoridades de control oficial es necesario incorporar también a las autoridades fiscales, aduaneras, policiales y fiscales y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como organismos como las administraciones de seguridad y salud en el trabajo.

Acciones emprendidas desde 2013 en la UE

Como hemos mencionado con anterioridad la UE ha intensificado sus actuaciones en los últimos años, principalmente desde que se produjo la denominada «crisis de la carne de caballo» en 2013. Se ha establecido la Red de fraude alimentario de la UE y el sistema de asistencia administrativa y cooperación (AAC), que han permitido Intercambio rápido de información sobre posibles casos transfronterizos de fraude.

También debemos destacar que la designación del Centro Común de Investigación (CCI) como Centro de Conocimiento para el Fraude Alimentario ha contribuido en buena medida a las acciones contra el fraude alimentario, un ejemplo ya se observó en 2017 con el caso del «fipronil».

Marco legal para combatir el fraude alimentario

En este punto, con carácter general, desde la UE se considera que con el actual marco legal se puede combatir el fraude alimentario. Las distintas herramientas se derivan del Reglamento 625/2017 de control oficial (aplicable desde el próximo 14 de diciembre de 2019) que debe ir rodándose, en particular en cuestiones tan dinámicas como las ventas por Internet. Partiendo del marco legal general que tenemos la UE quiere que todos los Estados miembros sean conscientes de la necesidad de reforzar distintas áreas tales como: – Medidas que aporten eficacia y un enfoque disuasorio tanto en cada Estado miembro como en la UE. – Garantizar la plena aplicación de la legislación de la UE, en particular el Reglamento controles oficiales y la recientemente adoptada «Directiva de denunciantes». – Alcanzar un consenso para contar con una definición legal de fraude alimentario. – Promover y fortalecer la cooperación entre las autoridades competentes en todos los ámbitos (nacional, europeo e internacional). – Clarificar las responsabilidades legales de los operadores agroalimentarios en materia de fraude alimentario y desarrollar herramientas más eficientes para promover la información de los operadores de empresas agroalimentarias   Un ejemplo del camino que nos queda por recorrer lo vemos al reflejar las distintas autoridades con competencias en esta materia y que son punto de contacto para España en la Red de Fraude Alimentario de la UE:

• Ministerio de Agricultura (MAPAMA)
• Guardia Civil – SEPRONA
• Ministerio de Sanidad (AESAN)
• Ministerio de Sanidad (Dirección General de Consumo)

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