30.000 millones de euros, es el valor estimado del perjuicio que se ocasiona a la industria alimentaria como consecuencia del fraude alimentario. Ante la relevancia de este tema y con el objetivo de reducir el impacto del fraude alimentario se han desarrollado diversas actuaciones desde la Unión Europea en los últimos años. En 2014, ya se abordaban estas cuestiones en el documento «Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el papel de la cooperación policial en la lucha contra los delitos alimentarios». Dando continuidad a lo plasmado en 2014 el Consejo ha procedido a revisar los distintos aspectos conectados con el fraude alimentario, comentamos en el artículo algunos de los más relevantes.
El fraude alimentario o las prácticas fraudulentas en la cadena agroalimentaria no sólo dan a lugar cuestiones vinculadas con el mercado y la calidad, sino que también pueden conllevar riesgos para la salud pública. Por tanto, estamos ante una amenaza dual, la seguridad alimentaria y el funcionamiento efectivo del mercado interno en la UE. Un dato que nos permite calibrar la importancia de esta problemática es que estas malas prácticas tienen un coste estimado de 30.000 millones de euros al año para la industria alimentaria en todo el mundo.
Es necesario una mayor cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes, tanto en los Estados miembros como en el ámbito de la UE, aspecto que ligado al caso del fipronil en los huevos (2017) confirma que todavía existe un importante margen de mejora en el aumento de la cooperación en el ámbito de la prevención del fraude en los alimentos. En esta línea es fundamental que la información fluya de forma rápida y efectiva, informes adecuados y una estrecha cooperación y coordinación entre las autoridades de los Estados miembros, así como entre los Estados miembros y la Comisión.
En esta línea de cooperación entre las autoridades de control oficial es necesario incorporar también a las autoridades fiscales, aduaneras, policiales y fiscales y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como organismos como las administraciones de seguridad y salud en el trabajo.
Como hemos mencionado con anterioridad la UE ha intensificado sus actuaciones en los últimos años, principalmente desde que se produjo la denominada «crisis de la carne de caballo» en 2013. Se ha establecido la Red de fraude alimentario de la UE y el sistema de asistencia administrativa y cooperación (AAC), que han permitido Intercambio rápido de información sobre posibles casos transfronterizos de fraude.
También debemos destacar que la designación del Centro Común de Investigación (CCI) como Centro de Conocimiento para el Fraude Alimentario ha contribuido en buena medida a las acciones contra el fraude alimentario, un ejemplo ya se observó en 2017 con el caso del «fipronil».
José María Ferrer (348 artículos)